Es la primera vez que se escucha la voz de las víctimas en las propuestas

Por unas indemnizaciones más justas

El nueve de noviembre de 1995 entró en vigor en nuestro país lo que se conoce como el baremo de indemnizaciones por accidente de tráfico. El objetivo era sentar las bases para dar una cobertura económica por muerte, lesiones e incapacidad temporal a todas aquellas personas víctimas de accidentes de circulación.

Por aquel entonces, estas indemnizaciones se fijaron sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del año 1994, que era de 364 euros, es decir, 60.750 de las antiguas pesetas. Desde entonces se han ido incrementando en base al IPC, pero la no actualización en los años 95 y 96, así como el mayor crecimiento, en este periodo, del SMI sobre el IPC, ha supuesto una perdida adquisitiva sobre la misma situación a cuando entró en vigor.

Derecho a cobrar una indemnización

La indemnización por accidente de tráfico es un derecho que tienen todas las víctimas cuyas lesiones hayan sido causadas por otra persona. Por lo tanto, pueden sujetarse a este derecho todas las personas que resulten golpeadas por otro vehículo, las que sufran un atropello y cualquier lesionado como pasajero de un vehículo, bien sea un coche, una moto o un autobús. Es más, aunque el culpable se dé a la fuga, la víctima está en todo su derecho de reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

El principio que expresa el primer punto del Anexo del “Baremo” dice que “la persona que es objeto de un perjuicio debe ser devuelta a una situación lo más cercana posible a aquella en la que presumiblemente se hallaría si el daño no se hubiese producido”.

¿Qué se indemniza?

El baremo de indemnización por accidente de tráfico contempla daños de dos naturalezas: los físicos y los psíquicos. Además, la cuantía varía en función de si el accidente causa la muerte de la víctima, si se trata de secuelas permanentes o si es una incapacidad o baja temporal. En cada uno de los casos la indemnización es diferente y la forma de calcularla también.

En el caso de las lesiones irreversibles, el baremo establece una clasificación de uno a 100 puntos, que valoran la gravedad del daño para aplicar la indemnización correspondiente. Por su parte, para las incapacidades temporales, la suma de dinero compensatoria se calcula al multiplicar el número de días de incapacidad por la indemnización que corresponda según la edad.

Y respecto a si hay víctimas mortales, la indemnización varía dependiendo de las circunstancias personales del fallecido y del grado de parentesco con las familiares que tienen derecho a recibirla.

Esto sería el punto de partida, porque luego todas las cifras pueden aumentar o disminuir según variables como la situación personal de cada persona, la renta, la capacidad de la víctima para generar ingresos, estado civil, hijos, edad, profesión... De acuerdo a estas pautas, no se indemniza con la misma cantidad la muerte de un niño que la de un anciano, la cicatriz en un actor y la de un albañil, etc.

También pueden incluirse dentro de la indemnización los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria hasta la cura o la consolidación de las secuelas, siempre que esté justificado y relacionado con la asistencia prestada.

España es uno de los países con las indemnizaciones más bajas

Según los datos ofrecidos por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, España es uno de los países de la Unión Europea donde se conceden las indemnizaciones más bajas.

Por poner un ejemplo, una víctima de accidente de tráfico de 33 años, que queda en una situación de tetraplejia, debe cobrar en España, siempre según el baremo, 1,2 millones de euros. El mismo caso en otros países sería: Francia, 2,5 millones de euros; Italia, 3,2; Bélgica, 3,9; Alemania, 4,6; o Reino Unido, 4,3 millones de euros.

Además, las asociaciones de víctimas argumentan que el parque automovilístico ha crecido más de un 70% en los últimos 15 años, con sus correspondientes seguros obligatorios, y la siniestralidad ha bajado. Según fuentes de la DGT (Dirección General de Tráfico) en una comparativa del año 2001 con el 2010 los fallecidos han descendido en un 57,5% (de 4.067 a 1.730 personas) y los heridos graves en un 58% (de 18.944 a 7.954), pero las indemnizaciones no se han actualizado a esta nueva realidad.

Creación de una comisión de expertos

La desigualdad con respeto a otros países es la que ha llevado a las asociaciones de víctimas en accidentes de tráfico a reclamar, desde hace muchos años, modificaciones en las indemnizaciones. Y estas modificaciones que piden tienen un pilar: que las cuantías que se concedan permitan la reincorporación a la vida activa de la persona afectada y a la consecución de la plena autonomía personal.

Y, tras tiempo de lucha, parece ser que su trabajo está empezando a dar frutos. Recientemente, el Gobierno, concretamente los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia, han admitido que es necesario estudiar el baremo, modificarlo y aumentar las indemnizaciones. Por ello, la Dirección General de

Seguros, a petición de dichos ministerios, ha creado un grupo integrado por siete miembros: un representante de las víctimas, un abogado, un magistrado, un catedrático, una fiscal y otras dos personas más pertenecientes al sector asegurador, que deberán trabajar codo con codo en esta reforma.

La tabla donde figura la clasificación y valoración de secuelas fue creada en 1995 y reformada en 2003, en ambos casos sin participación de las víctimas. Ahora las asociaciones de víctimas en accidentes de tráfico han logrado, por primera vez en la historia de nuestro país, lo que llevan muchos años peleando: tener voz a la hora de establecer el baremo de indemnizaciones, que debe ser un gran instrumento de justicia social, objetividad y solidaridad.

La comisión de expertos ya trabaja en la reforma

Ahora, la comisión de expertos, es la encargada de debatir conjuntamente las bases del que será el nuevo sistema de valoración. Este equipo ya se encuentra trabajando en el proyecto, celebran reuniones cada mes y tienen que entregar el estudio final a los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia el próximo mes de julio.

Luego, todo ello pasará al Parlamento, que será el que tome la decisión final sobre la reforma del baremo de las indemnizaciones en accidentes de tráfico. 

Puntos principales de reforma que piden las asociaciones de víctimas 

1.- Que el Seguro Obligatorio de Automóviles cumpla una función social y, por ello, de protección y de resarcimiento de las víctimas por encima de cualquier otra consideración. Con un sistema de cálculo de indemnizaciones claro y sencillo de interpretar para los ciudadanos, tribunales de justicia y entidades aseguradoras.

2.- Un sistema de valoración vinculante, que permita evitar las desigualdades entre víctimas iguales, obtener la reparación en el menor tiempo posible, reducir los litigios judiciales, dotar de mayor nivel de seguridad jurídica y ofrecer garantías para los ciudadanos y para las entidades aseguradoras.

3.- Establecer con total claridad lo que sí debe estar incluido en el baremo (el daño moral y el daño patrimonial básico) y lo que no (el lucro cesante y los gastos que deben ser acreditados y probados como daño patrimonial).

4.- Actualización de las cuantías de las actuales indemnizaciones y decidir el modelo a seguir para las futuras actualizaciones.

5.- Dar prioridad, sin olvidar a ningún lesionado, a los denominados ‘grandes lesionados y fallecidos’ con cargas familiares.

6.- Incluir a las familias como ‘víctimas secundarias’ y garantizar que puedan reclamar y ser indemnizadas por los gastos y perjuicios que sufren, así como cubrir los tratamientos médicos o psicológicos de estas.

7.- Que las entidades aseguradoras se hagan cargo de los gastos del tratamiento médico y de la rehabilitación integral de la víctima.

8.- Mejorar la regulación de los casos donde produce la agravación de secuelas o secuelas sobrevenidas, estableciendo el plazo de un año para poder reclamar las nuevas necesidades de ayuda y asistencia que puedan surgir.

9.- Hacer especial referencia a los supuestos de daño cerebral adquirido y cubrir los gastos de la neuro-rehabilitación del paciente, tanto del tratamiento como de los desplazamientos que sean precisos.

10.- Establecer pensiones vitalicias como complemento a la indemnización inicial en los casos de personas de gran discapacidad, minoría de edad, grandes lesionados de daño cerebral y lesionados medulares. 

OPINIONES 

José Pérez Tirado

Abogado defensor de las víctimas y miembro del Grupo de Expertos para la reforma del Baremo

En España tenemos un sistema de valoración que nació en 1995 y que, a diferencia del resto de países de europeos, se creó con únicamente la participación del sector asegurador, no se llamó a las asociaciones de víctimas, por lo que resulto un baremo muy proasegurador y poco favorable a las víctimas.

En el año 2003, cuando se reforma este baremo, volvió a ocurrir lo mismo, ya que participó de forma muy activa al que en ocasiones se le llama el “legislador en la sombra”, es decir, el sector asegurador, pero tampoco se contó con las víctimas.

Por primera vez se escucha a las víctimas

Por suerte, hace un año, el por entonces director general de seguros Ricardo Lozano, como había que iniciar otra reforma del baremo, que es muy poco europeo y muy poco favorecedor para las víctimas, tuvo la cortesía, y siempre se lo agradeceremos, de llamar por primera vez en la Historia de España a las nueve asociaciones de víctimas que él consideró que eran más representativas en materia de accidentes de tráfico y que le fueron facilitadas por la Dirección General de Tráfico. Estas asociaciones tuvieron que nombrar un portavoz y representante, y salí yo elegido.

La Dirección General de Seguros, por orden del ministerio de Economía y del ministerio de Justicia, que son los dos ministerios interesados en que se haga este cambio de ley, creó una comisión de expertos formada por siete personas. Una de ellas soy yo, que represento a las víctimas; un catedrático de derecho, que representa al mundo universitario; un abogado, que representa a la abogacía, una fiscal, que representa a la fiscalía, un magistrado, que representa a los jueces, y, por parte de las compañías aseguradoras, una persona de Unespa y otra del Consorcio de Compensación de Seguros. Todos juntos estamos trabajando para crear un baremo que sea más europeo y que proteja más a las víctimas. Baremo que tenemos que entregar el siete de julio de 2012, según una orden ministerial.

La vida tiene poco valor en nuestro país

Queremos evitar que, como ocurre ahora, la vida esté tan poco valorada en nuestro país, mientras que las aseguradoras ganan mucho dinero. Por ejemplo, en esta época de crisis que atravesamos, el sector asegurador ingresó en el año 2010 más de 800 millones de euros.

No se puede consentir que se pague 169.000 euros por una muerte, según estima el baremo, como es el conocido caso de José Ortega Cano, cuando a veces es menos de lo que vale un coche de los que conducen los millonarios.

En el año 1995 cuando entró en vigor el baremo, había 18 millones de coches, y, en la actualidad, hay 31 millones, por lo que las compañías han aumentado, durante este periodo, un 65 por ciento el número de clientes. Y, paradójicamente, en este mismo tiempo, los muertos en carretera se has reducido en un 76 por ciento.

Una ley más europea

Durante diez años, las asociaciones de víctimas nos hemos preocupado por la siniestralidad, por que hubiera menos fallecidos y heridos, pero ha llegado el momento de que nos preocupemos para que los afectados tengan indemnizaciones europeas, y más cuando la mayoría de las aseguradoras que tenemos en España son europeas.

La comisión nos reunimos varias veces al mes, aportamos ideas y vemos cómo funcionan el resto de países de la UE. Cuando terminemos el trabajo, se hará llegar al Parlamento, que es el que tiene la última palabra. Dada que es la primera vez que cuentan con nosotros y se nos escucha, confiamos en que de todo esto salga una ley más europea y más justa, que garantice los derechos de las víctimas.

Seguiremos luchando para reducir las muertes en carretera -hace diez años se producían 4.200 muertes mientras que ahora se producen 1.400-, y también por que si alguien sufre una desgracia como ésta, que al menos pueda vivir dignamente.

Otro dato más, por ejemplo, es que ahora tenemos la misma siniestralidad en España que en 1961, cuando en el país circulaban un millón y medio de vehículos en comparación con los 31 millones de vehículos que lo hacen hoy. Son cifras que están ahí y que nosotros vamos a presentar. Porque la buena noticia es que, en esta ocasión, el libro que llegue al Parlamento no tendrá una parte como venía siendo habitual, sino que tendrá siete partes, una por cada uno de los que integramos la comisión, con nuestras ideas, aportaciones y opiniones.

Y hay que recordar también, que el seguro se llama seguro obligatorio porque se pensó como un modo de recaudar fondos para poder realizar las indemnizaciones precisas a los afectados, pero esto parece que se ha olvidado.

En definitiva, lo que queremos es que las víctimas españolas sean víctimas europeas y no de ningún otro continente y que, por lo tanto, tengan también derechos europeos. 

Manuel Mascaraque

Director del área de Seguros Generales de Unespa y miembro del Grupo de Expertos para la reforma del Baremo

El seguro forma parte de un grupo de trabajo técnico que está analizando el actual Baremo para hacer propuestas de mejora. Estamos compartiendo estas reflexiones junto con las asociaciones de víctimas, la Fiscalía y representantes de la Administración. En la actualidad, lo que estamos llevando a cabo es un análisis del baremo vigente, que, aunque se ha constatado que es bueno para todo el mundo, hay que estudiar cómo se puede mejorar.

Hay que ajustar el baremo a las nuevas fórmulas de la sociedad actual

Dentro de nuestras aportaciones, creemos que es posible destinar más dinero a las grandes víctimas sin que ello repercuta al conjunto de asegurados. Reequilibrando el baremo se puede dar mayores indemnizaciones por secuelas a los grandes lesionados, y también a los familiares de las víctimas: Este sistema de valoración debe ajustarse a las nuevas fórmulas de la sociedad actual, donde hay hijos que no viven con sus padres, sino con los abuelos o cualquier otra persona responsable, que también tienen derecho a indemnizaciones, y que se trata de algo que en el baremo actual no está bien recogido porque hace 15 años, cuando se aprobó la Ley que lo regula, la sociedad española era distinta.

Hay que mover los recursos desde lesiones que hoy en día se curan y que, por lo tanto, no son secuelas, hacia los grandes lesionados, que son verdaderamente las víctimas de los accidentes de tráfico, mejorando aspectos como la necesidad de ayuda de la “tercera persona” o el lucro cesante.

Existe un grupo de trabajo formado por la Fiscalía, las aseguradoras y las víctimas, que está trabajando para presentar un análisis del baremo, pero que no será la nueva Ley, sino propuestas técnicas de mejora con independencia de que después serán el Ministerio de Justicia y el Parlamento los que aprueben la Ley que recoja el nuevo Baremo. Todavía se desconoce cuándo entrará en vigor.

El baremo lo pagamos todos

La conclusión puede ser que el baremo actual es bueno, pero se debe mejorar, y el resultado tiene que ser un nuevo baremo cerrado como el de ahora, es decir, que las víctimas conozcan las indemnizaciones que las corresponden de manera transparente, para así nosotros hacer también una buena práctica aseguradora. Y todo sin que ello suponga un mayor coste, porque el baremo no lo paga el seguro, sino que lo pagamos todos los conductores, lo pagamos todos los que tenemos un seguro de autos 

Francisco Sardón Peláez

Presidente de ASPAYM Castilla y León

Desde Aspaym hemos demandado a la Dirección General de Tráfico y al ministerio competente que, en primer lugar, las indemnizaciones en accidentes de tráfico se equiparen, al menos de forma progresiva, a las indemnizaciones actuales del resto de los países de la Unión Europea.

Es algo que nos parece razonable, teniendo en cuenta que en España las cuantías están muy por debajo de la media de los países miembros. En prácticamente todos los países libres de la Unión Europea como Francia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, etc., se están pagando indemnizaciones dos o tres veces superiores a las que se pagan en nuestro país.

Hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene una discapacidad, sufre un cambio drástico en su vida o, incluso, fallece, su calidad de vida o la de sus familiares va a depender básicamente de sus recursos económicos.

Destinar parte de la recaudación de las multas de tráfico a las víctimas

En segundo lugar, proponemos la creación de una fundación que se encargue de gestionar parte del dinero que se recauda de las multas de tráfico, para que se destine a compensar a las víctimas en accidentes de circulación.

Este organismo que hemos ideado tendría como miembros al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y a las asociaciones que, de forma específica, defienden los derechos de las personas que han sufrido accidentes de tráfico como, por ejemplo, Stop Accidentes.

De esta manera, parte de la recaudación de las multas de tráfico se destinarían a esta fundación quien, a su vez, sería la que encaminara el reparto proporcional y equitativo a los afectamos. Nosotros hemos puesto sobre la mesa la creación de este organismo que vele por los derechos de las víctimas, esperando que salga adelante en esta legislatura.

Participación de entidades que representan a las víctimas

En esta propuesta se aúnan dos vertientes. Por un lado, tiene su lógica en el hecho de que con ella pretendemos conseguir que las multas de tráfico pierdan ese afán recaudatorio y que el dinero se destine directamente a las víctimas, algo que consideramos bastante razonable. Y, por otro, su importancia radica en que es esencial que entidades como el Cermi o Aspaym, que muchas veces a las personas que representamos son víctimas, participemos en la mejora del sistema de valoración que se emplea actualmente para indemnizar.

Charo Gutiérrez

Delegada de Stop Accidentes en Castilla y León

Nos parece totalmente razonable que, por fin, hayan contado con las víctimas para efectuar los baremos de indemnización, ya que hay familias que quedan completamente desamparadas.

Concienciar a los ciudadanos

Además, esto tiene que servir para concienciarnos a todos y que, poco a poco, vayamos adquiriendo ese sentido de responsabilidad ante el volante. No se pueden perdonar la cantidad de infracciones que cometemos y ese sentimiento de impunidad que tenemos. Esperemos que los nuevos baremos sirvan para eso, para concienciar.

Es necesario que estemos presentes en la decisión del nuevo sistema de valoración, porque si no, es como si mandas a hacer la ley de la caza a un conejo... Esto es lo que ha sucedido durante mucho tiempo, las leyes las hicieron determinadas partes, se supone, que para el bien de toda la población, pero no contaron con los que podemos ser víctimas.

Resulta fundamental que se nos escuche y que se sepa por qué pedimos las cosas. 

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