Un stop a la información
El interés principal de los medios de comunicación es el de informar, e intentar que llegue esa información al mayor número posible de personas. Cada medio tiene una forma de hacer llegar esa información y, en concreto, los que cuentan con una distribución gratuita intentan seleccionar aquellos espacios donde considera puede posibilitar el acceso a la cultura, y a ese derecho de información del ciudadano, sin esperar que eso ocasione molestias y, menos aún, si se trata de una institución pública. A nadie se le “obliga” a coger un periódico, si no está interesado en lo que este le puede ofrecer.
El Servicio Territorial de Sanidad
No parece que lo vea así la dirección del Servicio Territorial de Sanidad, situado en la Avenida Ramón y Cajal, número 6, quien ha prohibido que se deje allí periódico alguno, a pesar de evidentemente no suponer ningún coste. Imaginamos que cada uno tendrá sus motivaciones a la hora de tomar decisiones, y por supuesto las respetamos, pero en ese mismo respeto consideramos que evitar que quien esté interesado, pueda acceder a la información, es un freno a la libertad individual, algo todavía menos entendible si se produce en unas instalaciones públicas.
La prensa de distribución gratuita
Los pioneros en este tipo de publicaciones fueron los Estados Unidos, por la década de los 40, y son ya una forma cotidiana de información de muchos millones de personas diarias en nuestro País. Su distribución, a diferencia del canal tradicional en kioscos, se basa en llevarlo a aquellos lugares donde existe una mayor aglomeración o paso de personas, intentando estar lo más cerca posible de los ciudadanos.
Así lo entiende perfectamente el Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, quien tiene prohibido el reparto de publicidad, pero si autoriza la distribución de aquellos medios de prensa cuyo principal valor no es esa publicidad, sino realizar una labor informativa. También dentro de las instituciones (universidades, consejerías, centros cívicos, centros de salud, etc.) se permite ese derecho, reconocido constitucionalmente, de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.